SANTO DOMINGO. El escándalo que generó la venta de más de 35 millones de metros cuadrados en la zona turística de Higüey, y que dio pie a un litigio judicial, ha tomado un nuevo rumbo, tras determinarse en un saneamiento que los terrenos están dentro del área protegida del Parque Nacional del Este.

Una inspección realizada por los agrimensores Enrique Arismendi y Ángel Manuel Hernández Ozuna, da cuenta que la operación viola el artículo 33 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, de fecha 30 de julio del 2004.

La litis que involucra a Daniel Antonio Minaya Rodríguez, en calidad de propietario de los terrenos, así como a los empresarios españoles Ignacio Coronado Ruiz, Carlos Sánchez y Andrés Liétor Martínez, adquirientes, se ventilará el próximo viernes 30 en una audiencia pública fijada para las 10:00 a.m., en el Tribunal Superior de Tierras.

Durante el proceso, el abogado del Estado ante esa jurisdicción, Fermín Casilla Minaya, dará a conocer el informe de Mensura que establece que los terrenos son área protegida y otros elementos de pruebas con miras a demostrar la ilegalidad de la maniobra.

De acuerdo al expediente, los terrenos tienen un valor que supera los RD$100,000 millones en el mercado inmobiliario y corresponden a playas que no pueden ser explotadas por particulares por tratarse de una reserva natural.

"Una vez el Tribunal Superior de Tierras determine mediante sentencia, entonces perseguiremos a los que resulten implicados en el caso, que tenemos muy claro los que son", advirtió el Abogado del Estado.

De acuerdo al artículo 33 de la Ley 202-04 "las áreas protegidas son patrimonio inalienable del Estado y, en tal virtud, nadie puede usufructuarlas o disponer de ellas, sino es de acuerdo con lo establecido en esta Ley Sectorial de Áreas Protegidas, sus reglamentos y normas, así como las disposiciones vigentes en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No.64-00 del 18 de agosto del 2000".

A juicio de Casilla Minaya, el Tribunal Superior de Tierras no tendrá otra alternativa que anular la sentencia de primer grado dictada por el juez de jurisdicción original de Higuey "y retornar la propiedad a la misma situación que se encontraba antes".

Contrato

El español Ignacio Coronado Ruiz, adquirió el inmueble mediante un contrato de compra-venta y privilegio de vendedor no pagado, de fecha 2 de noviembre del 2005, por la suma de US$19.8 millones pagadero en tres cuotas, en nombre de la compañía Inversiones Trubia, S.A. Como vendedor figura Daniel Antonio Minaya Rodríguez.

Según una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, en la compañía adquiriente figuran como accionistas Inversiones CCF, S.A., además de Coronado Ruiz, Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor Martínez. Coronado Ruiz figura como presidente de la empresa, que tiene un capital autorizado de RD$25,000 y el suscrito y pagado es de RD$2,500, cuyo domicilio social fue registrado en la avenida Independencia sin número, en el sector La Feria, Distrito Nacional.

La suma de US$19.8 millones convenida por el inmueble sería pagada en partidas de US$6.6 millones, a más tardar el primero de agosto del 2006, una cantidad similar el primero de noviembre de ese año, pero nunca antes de los tres meses luego del pago antes citado. Los restantes US$6.6 millones debían ser pagados el día primero de octubre del 2006.

Minaya Rodríguez, vendedor, figura como residente transitorio en la calle K número 1, Preconca Nueva, de La Romana, mientras Inversiones Trubia S.A. tiene domicilio en la avenida Abraham Lincoln 403 esquina Bolívar.

Las partes fijaron de común acuerdo el precio de venta en US$14 por cada metro cuadrado de terreno, que tiene una porción de un metro literal de frente al mar por 1,060 metros lineales de profundidad o fondo.

Según el contrato de venta, dicha propiedad se encuentra ubicada en una zona apta para el desarrollo de proyectos turísticos e infraestructuras hoteleras "y no tiene objeción para el desarrollo de estos dentro de los parámetros establecidos por la Ley Sectorial de Parques Nacionales, establecida en la Ley 202 del 30 de julio del 2004".

Extensión

Los terrenos en conflicto están divididos en las parcelas 6-006-837, 6-006-838, 6-006-839, 6-006-840, 6004-26982, 6-004-10866 y 6-005-49.

El área marcada con el número 6-004-10866, tiene una extensión de 154 hectáreas, 93 áreas, 18 centiáreas, la 6004-26982 tiene 205 hectáreas, 25 áreas y 99.32 centiáreas.

Mientras que la parcela 6-005-49 tiene una extensión asignada en el saneamiento de 1,562 hectáreas, 15 áreas. Todos equivalen a 23 millones 223 mil 417 metros cuadrados.

El otro saneamiento, que corresponde a la misma parcela, tiene una extensión de 12 millones 577 mil metros cuadrados, que completan la extensión de 35 millones 800 mil 522 metros cuadrados.

Otro caso

En lo concerniente a la parcela marcada con el número 6-004-10866, que tiene una extensión de 154 hectáreas, de acuerdo al Abogado del Estado en esa área se contemplaba construir un hotel de 40 plazas por hectáreas. El proyecto sería levantado por los empresarios españoles Pablo Piñero Ibernon y Gustavo Montenegro, de Inversiones Coconut, S. A., a quienes la Secretaría de Turismo les dio el visto bueno con un permiso de "No Objeción".

Sin embargo, los inversionistas desistieron del proyecto al desatarse el escándalo de que sería construido en un área protegida.

A lo penal

El Abogado del Estado anunció que posee testimonios por escrito para utilizarlo en su oportunidad en un eventual proceso penal.

Advirtió que serán perseguidas varias personas con mucho poder económico, dado a que el caso pasará de lo inmobiliario a lo penal.

"El Abogado del Estado puede iniciar la persecución en su propio nombre porque la Ley así lo establece y en consecuencia me corresponde a mí", dijo.

Sin implicación

Durante el saneamiento realizado a los terrenos, Casilla Rodríguez, sostuvo que no se determinó la vinculación de legisladores en el caso.

Hasta el momento dijo que sólo han surgido los nombres de los que han tratado de adjudicarse los terrenos.

"En el proceso hasta ahora no ha surgido el nombre de ningún legislador, ni de ex legislador", enfatizó.