SÁNCHEZ, SAMANÁ.  La casa que comparte Emilia Betañia Mercedes con su madre, su hija y su nieto de cuatro años, parece un huevo descascarado.  En la entrada, las venas de una grieta en el suelo color cereza se extienden por toda la sala, habitación y cocina por debajo de la mesa del comedor, la cama y la nevera.  En la pared blanca, rajas negras amenazan abrirse con un sacudido fuerte de la tierra o con la penetración de la lluvia. 

"Después del deslizamiento de la calle de al lado que se cayó, desde entonces se ha deslizado esto", dijo Mercedes señalando a su casa.  "Estamos aquí porque no tenemos adonde vivir.  Si tuviéramos hubiéramos salido de aquí hace tiempo".

Con la preocupación que se le va a caer la casa encima, los residentes en los barrios La Torre y Los Johnson viven, por falta de dinero o por no querer molestar a sus familiares, en casas inestables.  Las obras de reubicación "inmediata" prometidas por el gobierno hace casi tres años fueron comenzadas pero no terminadas, dejándole a la merced de la madre naturaleza las vidas de estos sancheros.

Promesas del gobierno

"La reubicación no se ha hecho todavía, precisamente porque no se ha hecho el complejo habitacional", dijo Inocencio de Jesús Calcaño, el síndico de una población de más de 25,000 habitantes en el pueblo Sánchez.  "Yo veo que en Santiago se presentó un problema y el gobierno ya entregó un complejo habitacional de 500 viviendas.  Queremos por favor que vengan y terminen eso".

El síndico se refiere a la promesa que hizo el gobierno en agosto del 2005 tras los fuertes deslizamientos, derrumbes y hundimiento de casas que afectaron a unas 200 familias. 

A la semana de los sucesos, el  presidente Leonel Fernández visitó y le aseguró a los damnificados que el gobierno, vía la Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC), establecería un sistema de relleno y nivelación del suelo en las áreas afectadas.  Además, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) procuraría un terreno y se encargaría de la construcción de las nuevas viviendas, dijo el presidente. Pero desde el principio el proyecto habitacional tuvo percances. 

En octubre del 2005, la edificación fue trasladada de manos del INVI a manos del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI).  Sin embargo, a pesar de que INAVI pudo localizar y comprar el terreno para la edificación y pudo comenzar a construir después de dos años el proyecto, aún incompleto, cambió dueños otra vez.  En este momento, La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial tiene la responsabilidad de acabar lo comenzado. 

"En este caso hay una parte humana envuelta", dijo el ingeniero Luis Sifres, presidente de la comisión. 

Su oficina tomó cargo del proyecto oficialmente hace seis meses y el proyecto ha sido "reiniciado" y no está detenido.  "El Presidente está muy empeñado en que eso se concluya".

La demora ocurrió, siguió Sifres, porque además de estar seguro de los estudios de suelo e hídricos del terreno también hubo un rediseño de la construcción que originalmente era de 190 unidades habitacionales y ahora cuenta con una segunda fase que ampliará las unidades a 370, unas 180 unidades más.

"Realmente como institución estamos dando los pasos para primero acelerar más el proyecto para que no nos agarre la época de ciclón ya en octubre y noviembre", continuó Sifres.  "Y ya iniciar la otra etapa para concluirla de inmediato".

La comisión prevé terminar la primera fase de nueve edificios en dos o tres meses antes y dice tener el presupuesto para hacerlo.

Otras opiniones

Críticos como el ingeniero Teodoro Tejada, director del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), había declarado que el proyecto debió de permanecer bajo la custodia del INVI que tenía los recursos para terminarlos.   Ahora, según Tejada, las casas adonde siguen viviendo estos sancheros "se podrían colapsar todas y ahí habrán 30 ó 40 muertos."

"Aquí se comienzan las obras y no se terminan", expuso Tejada en una entrevista por teléfono sobre el proyecto que debería haber tomado 6 meses para finalizar.  "Ya ese proyecto habitacional cuesta un 300 a un 500 por ciento más y a la medida de que pase el tiempo el proyecto es más costoso porque los materiales son más costosos".

Por lo tanto, Tejada agregó que le diría al presidente del CODIA, Juan Tomás Hernández, que nombre una comisión de técnicos para determinar por qué la obra está sin completar.  Esta investigación sería entregada al presidente Fernández.

"El presidente dio la orden y se interesó en resolver el problema y hay funcionarios que les ha tocado el proyecto y no han hecho nada", concluyó Tejada. 

Aumenta la desesperación

Al entrar al barrio Los Johnson, detrás del enverjado de una ventana, una voz gritaba con desesperación.   Era la de Silvia Castillo quien se quejaba no sólo porque su casa se estaba deslizando, tres años después que desaparecieran las de sus vecinos, pero porque estaba cansada de hablar con la prensa y sentir que nunca cambiarían las cosas.

"Yo no hago nada por salir al frente.  Todos estamos afectados en este barrio", dijo Castillo con una voz que se proyectaba desde adentro de su casa.  "La suerte que nadie se quedó atrapado".

Detrás de Castillo se cayeron varias casas incluyendo la del cuñado de Luisa Johns, quien vive más cerca a tierra firme que Castillo, ha vivido en Los Johnsons por quince años y nunca había temido por su vida.  Sin embargo en el 2005  todo cambió.

 "Mira la cocina mía, está abierta por donde quiera", dijo Johns con su niño de 8 meses en su brazo izquierdo mientras señalaba las grietas en las paredes y el suelo con la mano derecha.  "Esto está muy lento.  No, está parado.   Está paralizado".

De Claudia Cruz